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Jujuy se ha convertido en un verdadero laboratorio social donde se ensayan inéditas formas de disciplinamiento contra la población. Nuevamente se elige una provincia del norte para poner a punto los dispositivos responsables de la represión política. Como Tucumán en 1975, cuando se inició el llamado “Operativo Independencia” mediante el decreto 262/75, Jujuy se ha convertido en el nuevo globo de ensayo represivo.

El totalitarismo como régimen político no necesariamente deba tener origen ilegal, como en el caso jujeño donde el gobierno del contador Gerardo Morales fue elegido democráticamente, sino, y sobre todo, se caracteriza por la suspensión arbitraria del Estado de Derecho de los ciudadanos y ciudadanas a las que debe proteger. En tal  indefinición entre  política y  justicia  se abre el incierto espacio institucional jujeño. Entre la condena y la imputación de delito median todas las garantías constitucionales que evitan, precisamente, los actos arbitrarios derivados del ejercicio de la suma del poder público.

El totalitarismo es un amplio concepto que nuestra sociedad ha experimentado con horror en la dictadura militar y tuvo que ver con el secuestro, asesinato y desaparición de personas. Pero la intimidación y la imposición de obediencia a una población también derivan de la vulneración de derechos de los ciudadanos en forma de coactiva por parte de las instituciones estatales.

Es precisamente la ley la que impone un límite al ejercicio del poder y no la utilización de ella para la persecución de los opositores políticos. Solo la totalización de las instituciones de un Estado por parte de un partido político que confunde leyes con ideología puede explicar el comportamiento del poder judicial jujeño. El secuestro de militantes políticos, su detención arbitraria por delitos que se les imputan mediáticamente, ha generado el más amplio repudio de la comunidad internacional que entiende como única razón para la detención la persecución política.

En La promesa de la política Hannah Arendt dedica un párrafo especial al estudio de Montesquieu  del Espíritu de las leyes donde señala que los principios que guían los actos de un gobierno, independientemente de su origen, los inspira y definen como régimen político. En una república será la virtud, en la monarquía el honor y en la tiranía es el miedo el que inspira los actos que gobiernan el espacio político-público.  Es poco probable que el titular del ejecutivo jujeño haya leído estos textos que lo ayudarían a comprender que no debería confundir el derecho público con sus deseos personales, algo en lo que compite con el presidente de la nación, pero que dista bastante de alcanzar el record personal del primer mandatario.

Las increíbles crónicas de la prensa acerca de la existencia de un verdadero “Estado paralelo”[1] debe haber convencido al gobernador jujeño de la necesidad de detener a Milagro Sala como la responsable de disputar el monopolio de la violencia material y simbólica a la provincia de Jujuy. Es decir, algo similar a la ocupación de las FARC-EP en Colombia que ocupa el 40% del territorio colombiano. Pero la primera causa por la que es juzgada es por “amenazas” al actual gobernador. Sin embargo por esta causa ya había sido sobreseída[2] por el mismo tribunal que ahora nuevamente la juzga. Es necesario destacar que el Tribunal de Casación de la sala IV que ordenó reabrir la causa es el mismo que sobreseyó a Carlos Pedro Blaquier de las causas de lesa humanidad que se les imputaban. Toda una joya jurídica.

En este estado de democracia ficticia en el que no existe división de poderes y en el que se encarcela a militantes políticos por sus ideas políticas, claramente se rige por el Estado de excepción que caracteriza a todos los regímenes totalitarios. En esta indeterminación entre democracia y absolutismo reside el principio del Estado de excepción[3] como régimen que suspende todas las normas frente a lo que considera una amenaza al mismo orden político.

Si alguna duda había, el carácter de presa política de Milagro Sala es confirmada por el proyecto de convocatoria a Consulta Popular por el diputado provincial Marcelo Nasif del Frente Renovador de Sergio Massa que en Jujuy actúa con el nombre de “Primero Jujuy” del oficialista Frente Cambia Jujuy. En esa “consulta” el pueblo debe decidir no actos de gobierno sino de justicia, degradando el sentido que tiene la voluntad general fundadora de la democracia moderna. Nunca antes se había llegado tan lejos en la degradación de las instituciones republicanas subsumidas al poder político que las utiliza para disciplinar, amedrentar e imponer el terror como forma cotidiana de vivir en Jujuy.

Cualquiera podría argumentar que es simplemente el ejercicio del poder real o material desprovisto de las formalidades y garantías que impone el Estado de derecho. Es cierto. El peligro de aceptar esta manera de actuar, dicho en otros términos, el consentimiento de hecho otorgado por los ciudadanos, nos conduce solo al desierto. El peligro reside en aceptar vivir en el desierto que el totalitarismo del partido gobernante propone naturalizando esa imposición.

Jujuy se ha transformado en un Estado autoritario que coloca a sus ciudadanos en un limbo jurídico, que detiene a legisladores del Parlasur con el argumento de la “opinión pública” que diariamente construyen los medios masivos de linchamiento. Semejante disparate avalado por gran parte del poder judicial provincial y nacional, habla a las claras de la necesidad de intervención y reforma de un poder que ha decidido convertirse en los grupos de tareas del poder económico del siglo XXI.

Tan lejos ha ido este comportamiento que como en la época de la dictadura genocida el gobierno nacional atribuye a los organismos internacionales que reclaman por la libertad de Milagro Sala, “desconocimiento” de las “verdaderas causas” por la que se detienen indefinidamente a militantes sociales y políticos. Con análogo razonamiento se “invita” a delegaciones internacionales para que visiten la región y constaten que el gobierno del Duce jujeño observa la plena aplicación de las normas que el Estado de derecho consagra.

Algo similar a la invitación hecha en 1977 a la Secretaria de Derechos Humanos del gobierno de James Carter, Patricia Derian[4] por parte de la dictadura militar para descomprimir la presión internacional por las aberrantes condiciones de salvajismo que las Juntas Militares imponían a la sociedad argentina y que se empeñaban en atribuir a los intereses “antiargentinos”.

Tan desafortunadas han sido las declaraciones y decisiones políticas del contador Morales que parecen calcadas del manual de operaciones psicológicas de la “guerra sucia” de los genocidas procesistas. Ninguneando todos los reclamos se ha empeñado en dar carácter público y político a sus diferencias personales con los militantes de la Tupac Amaru por los que siente verdadera animadversión. Confundiendo su rol como representante de la voluntad política del pueblo de Jujuy, el ex secretario de desarrollo del gobierno de Fernando de la Rúa responsable del recorte del 13% a los jubilados, se empeña en arrastrar al lodo todo el Estado de derecho avalado por el gobierno nacional que juegan a los inmaculados republicanos mientras hacen sus negocios con la obra pública y con operaciones off-shore. Semejante panorama nos permite anticipar un año cargado de operaciones que buscan como principal objetivo un nuevo ejercicio del terrorismo de estado, más selectivo y prolijo, con grupos de tareas formados por jueces, fiscales y periodistas bien vestidos, con el mismo objetivo descalificar la política y amedrentar la población. Ya sabemos cómo terminó ese engendro. También sabemos cómo va a terminar este.

Atilio López

Referencias

[1] http://www.clarin.com/politica/Milagro_Sala-Jujuy_0_1505249890.html

[2] http://www.lanacion.com.ar/1967273-milagro-sala-enfrenta-el-primer-juicio-oral-en-su-contra

[3] Agamben, G. Estado de excepción.

[4] http://www.lanacion.com.ar/1901203-patricia-derian-la-funcionaria-que-enfrento-a-la-dictadura-argentina

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