[…] En la política económica de ese Gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada’.

(Carta abierta a la Junta Militar, Rodolfo Walsh, 1977)

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Deberíamos iniciar esta nota retomando las palabras de Walsh diciendo que nada de lo que hace este gobierno es por error, impericia, desconocimiento o ingenuidad. Tamaña cantidad de desaciertos desafían las leyes probabilísticas. El sesgo del error siempre acude hacia el mismo sector. No hay errores en el descuento de los haberes jubilatorios. No es ingenuidad desconocer y no homologar acuerdos paritarios. No hay desconocimiento en el intento de nombramiento de jueces por decreto. En la gigantesca transferencia de riqueza desde los sectores populares hacia las compañías de energía del año 2016 y el año 2017, el ministro de energía Juan José Aranguren, y ex gerente de la compañía Shell, acuñó una frase de antología “Estamos aprendiendo sobre la marcha” La miseria se planifica aumentando la desocupación, incrementando el valor de los alimentos, decuplicando las tarifas. En todo esto no hubo un solo error. Es la planificación fría y sistemática de una clase dispuesta, nuevamente, a castigar a los sectores populares. En ese disciplinamiento está implícito el endeudamiento que intentará debilitar cualquier desarrollo industrial ulterior a la catástrofe neoliberal.

La enorme resonancia que han tenido los últimos actos del gobierno actual en relación a la indiferenciación que persiste entre los hechos públicos y privados nos coloca en la necesidad de abordar la naturaleza instrumental del Estado nacional en manos de la Alianza Cambiemos en sus dimensiones significativas: como dispositivo apropiador y disciplinador de la sociedad. El asombro provocado en los primeros meses del año, en relación a las medidas que ha tomado la gestión de la alianza Cambiemos, nos permite visualizar como la dimensión punitiva desplegada por el complejo judicial-mediático persigue a sus opositores políticos con absoluta discrecionalidad, repartiendo causas y linchamientos televisivos sin que medien hechos (datos empíricos) concretos y la absoluta pasividad del mismo sector frente a flagrantes violaciones de las leyes, entre ellas la Constitución Nacional.

Que un sector de la justicia ligada al complejo mediático punitivo mire para otro lado cuando el delito, o su presunción, es imputable a un funcionario de la actual administración, contrasta con el frenético despliegue de jueces y fiscales en los programas políticos de mayor difusión quienes violentan jurisprudencias, eluden resoluciones constitucionales o violan decididamente las garantías ciudadanas otorgadas por las leyes de la Constitución Nacional y los pactos internacionales suscriptos por el Estado argentino. La detención de Milagro Sala es el más claro ejemplo de la desmesura de un dispositivo judicial dispuesto a convertirse en un grupo de tareas que secuestra o detiene personas violando todas las instancias judiciales, provocando un escándalo internacional, donde el Estado argentino es denunciado por detener ilegalmente personas por “delitos ideológicos”. Algo que ni Astiz, ni el Tigre Acosta soñaron como captores, ya que sus víctimas debían ser ocultadas en su cautiverio, para no ser enviados a la cárcel por las detenciones ilegales o secuestros.

En este cuasi Estado de Excepción o cuasi democracia están siendo puestas a prueba las instituciones diseñadas por la Constitución. La primera constatación de la nueva experiencia es la subsunción del Poder Judicial de la Nación al Poder Ejecutivo. Si bien a lo largo de décadas los juzgados fueron habitados por fervientes militantes del estatus quo oficialista de la primera hora, con fallos a medida, faltas de merito y cautelares repartidas como cotillón, algunos pocos cumplieron con el mandato constitucional. Jueces que el oficialismo actual los señala como “militantes”.
La inacción judicial frente al Terrorismo de Estado, o su participación directa al frente de causas violatorias de los derechos humanos describen perfectamente el comportamiento de un poder que siempre legitimó gobiernos de facto convirtiéndose en la retaguardia del poder económico más concentrado. Los casos de Otilio Romano, Miret, Brusa, etc, habla de la connivencia entre jueces y represores y sus condenas judiciales nos eximen de mayores comentarios.

El descomunal intento de fraude perpetrado por el grupo Macri frente a la condonación de la deuda generada por incumplimientos con el Estado del mismo grupo y la aceptación de la propuesta de pago absolutamente ruinosa para el Estado nacional por el mismo representante del grupo, en calidad de primer magistrado de la nación, tal vez posea pocos antecedentes en el mundo, pero en esta parte del universo las empresas “crecieron y expandieron sus negocios” bajo la misma lógica: privatización de las ganancias y socialización de las pérdidas.

¿Por qué habría de cambiar ese paradigma cuando es esa misma lógica la que llevó a la presidencia al actual mandatario? El grupo Macri formó parte de la Patria Contratista y pudo crecer con créditos blandos, generosos incentivos a funcionarios de turno y evasión de las obligaciones tributarias. La lista de escándalos judiciales que llevaron al actual presidente a estar procesado en más de dos centenares de causas son un interesante antecedente para evaluar la factibilidad del escándalo del correo argentino.
Este caso también nos ofrece la posibilidad para refutar el candoroso argumento por el cual numerosos sectores votaron a un millonario procesado sospechado de numerosos fraudes impositivos. La imputación por defraudación al Estado Nacional por la causa del Correo Argentino y la entrega de 18 rutas aéreas en desmedro de Aerolíneas Argentinas, a la empresa colombiana Avianca (Grupo Macri) constituyen por ahora las dos causas que acechan a los sacerdotes de la Revolución de la Alegría.

El mismo caso de corrupción sobre coimas de la firma Odebrecht que amenaza al responsable de la Agencia Federal de Inteligencia Gustavo Arribas, amigo personal del presidente Mauricio Macri, ha llevado al pedido de prisión del ex presidente peruano Alejandro Toledo y amenaza a numerosas figuras de la política brasileñaincluido el actual presidente de la nación Michelle Temer. Que este escándalo se haya difundido nos permite acercarnos también hacia algunos slogans que exhibían los miembros de la comunidad económica argentina cuando le reclamaban a la gestión anterior “seguridad jurídica y buen clima de negocios”. Deberíamos traducir a formas un poco más precisas esos reclamos. Cuando “el mercado” habla de seguridad jurídica debe entenderse como Impunidad y cuando reclama buen clima de negocios refiere a una patente de corsario, es decir libertad absoluta para el saqueo y la rapiña.

La génesis de los procesos de empobrecimiento debe localizarse en el enriquecimiento por apropiación de los recursos de una nación y en la elusión de las obligaciones que corresponden a cualquier actividad productiva entre las que se encuentra la tributación al Estado. La pobreza no es una fatalidad sino el producto directo del funcionamiento económico. La apropiación del excedente social y la naturalización de esa apropiación están en la base de nuestro sistema político que necesita de los pobres para construir su propio sistema de legitimación a instancias de las víctimas que son estigmatizadas delictivamente. La desigualdad social no puede ser explicada como el producto de un grupo de dedicados y ahorrativos trabajadores que no despilfarran el dinero y otro grupo de desarrapados que mal gastan su dinero como afirma la burguesía.

El sentido común espontáneo ha intentado impregnar a la política de una exclusiva dimensión corrupta poniendo a resguardo a los sectores empresarios principales beneficiarios de contratos públicos. La corrupción, hay que reiterarlo hasta el cansancio, no es una categoría política: es un delito. La obtención de ventajas, la elusión de regulaciones y la opacidad de las operaciones de mercado favorecen esas prácticas que no cuentan con la debida sanción social y mucho menos judicial.
Cuando en 1981 el entonces presidente del Banco Central de la República, Domingo Felipe Cavallo, emitió la Comunicación A N° 251 decidió socializar las deudas de los grupos económicos y estatizando esos pasivos sentó las bases de una formidable transferencia de miles de millones de dólares que las empresas recibieron y la sociedad argentina cargó con la cuenta. En el 2001 el mismo funcionario fue el responsable de la apropiación de millones de dólares por parte de los bancos generando a la sociedad argentina un nuevo aumento de deuda por el cual paga día a día.

El momento fundacional de la acumulación originaria del capitalismo tardío argentino ha tenido como todo proceso de acumulación la apropiación de recursos y excedente producido socialmente junto la elusión de cualquier obligación tributaria. La pregunta entonces que habría que hacerse es ¿por qué no iba a ocurrir lo que ocurrió con el caso del Correo Argentino? Esta es la síntesis de la lógica de formaciones económicas de saqueo cuyas prácticas se sostienen en el filibusterismo de rapiña que caracterizaban las prácticas del capitalismo temprano y que es la indeleble marca que acompaña al Grupo Macri.

Frente a hechos de esta gravedad es pertinente preguntarse por el rol de la Oficina Anticorrupción, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Unidad de Información Financiera (UIF) todos organismos dotados de atribuciones tendientes a investigar los delitos que aquí se mencionan. A juzgar por las declaraciones hechas por los funcionarios del área no hay demasiada preocupación al respecto.

Si la debilidad institucional no puede evitar los atracos perpetrados por este grupo de bandoleros, y la justicia subsumida en el ejecutivo solo sirva para perseguir opositores políticos o montar stand up, es la política la que debe ocupar estos espacios. Solo la acción colectiva podrá detener la fraudulenta lógica del saqueo. El ciclo de movilizaciones que se inician en marzo pondrá a prueba a todas las instituciones y se verá si la calidad y masividad de la acción contenciosa popular puede detener semejante desfalco. Aún si la acción colectiva obligara a retroceder al gobierno será necesario en el futuro refundar nuevas instituciones y un nuevo sentido común para evitar que esta historia se repita.

Atilio López

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