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El pantano en que se hundió el gobierno nacional y arrastró a la actual gobernación bonaerense, con el decidido incumplimiento del artículo 10 de la ley 26075 que establece la Paritaria Nacional Docente como instrumento de regulación de condiciones laborales, salariales , carrera docente y calendario escolar, amenaza la ruptura institucional del sistema educativo. La tozuda negativa al cumplimiento de la ley ha colocado al gobierno y las administraciones oficialistas en la situación paradójica: acusar a los gremios docentes de dejar sin servicios educativos a la nación y a las provincias cuando la realidad es que el mismo gobierno es el responsable de esa situación.

Sorprenden las declaraciones de la gobernadora oficialista bonaerense hablar de diálogo cuando es el mismo gobierno el que ha desconocido una ley que regula, precisamente, el conflicto y permite colocar un piso a la negociación salarial y laboral . El conflicto docente, en este momento una brasa que amenaza con el incendio, es obra exclusiva de la ineptitud e incompetencia de la actual administración que lo originó con el incumplimiento de la ley de Paritaria Nacional.

Las declaraciones de los funcionarios bonaerenses que claman por el diálogo no se corresponden con las maniobras de intimidación y persecución con que se desplegó el conflicto. El aumento salarial otorgado por decreto, la conciliación obligatoria, la convocatoria a rompehuelgas, la intimidación con fuerzas de seguridad en las escuelas para averiguar qué docentes son huelguistas, sumado a las amenazas y aprietes a los representantes gremiales, no se compadecen con las declaraciones dialoguistas que la gobernadora interpreta en su rol de hada buena.

Como para no dudar de la decidida vocación de pirómana que aflige a María Eugenia Vidal, en vísperas de una movilización de gremios estatales, ha decidido subsidiar a rompehuelgas premiando con un bono por su buen comportamiento pro patronal. ¿Gratificarán la delación de huelguistas? ¿Implementarán la milizia volontaria para linchamientos de sindicalistas? Son preguntas pertinentes frente a un gobierno decidido a totalizar la sociedad con su impunidad y violencia.

La conferencia de prensa que hoy brindó la gobernadora María Eugenia Vidal ha evidenciado el ingreso en una nueva etapa del oficialismo. La conmoción de la semana pasada por el tamaño de las movilizaciones opositoras ha dado paso a un sobreactuado endurecimiento que lo coloca en una posición para nada tranquilizadora pero abierta y desenfadadamente autoritario. El uso de herramientas antidemocráticas y anticonstitucionales, para intimidar a los trabajadores en conflicto, pasando por encima del Estado de Derecho corresponde a un gobierno antidemocrático, antipopular y represivo.

¿Qué se puede opinar de una gobernadora surgida por el voto popular, militante de un partido político, acusando a las prácticas sindicales como “políticas”? ¿Pensará que su cargo lo heredó? ¿Creerá realmente que puede desconocer leyes, derechos e instituciones? ¿Qué supone qué es la reducción del presupuesto educativo en un 3,2% para el año en curso sino una medida profundamente política de un gobierno conservador? Tal como lo denuncia SUTEBA esa cifra implica dejar de construir 998 escuelas secundarias o 1776 jardines para una provincia que según la misma gobernadora “necesita tanto de la educación”.

La temeraria afirmación, por parte de la gobernadora, para que los gremialistas indiquen “a qué partido pertenecen” parece colocar a los partidos políticos en la ilegalidad. No está en discusión la filiación partidaria de los docentes y sus representantes sino el incumplimiento de la ley por parte del gobierno nacional que permite dar la discusión que la gobernadora reclama. Acusar a los dirigentes de militancia política es tan absurdo como suponer que la conflictividad social solo se da por que el gobierno actual no es peronista. Nada de eso. El gobernador Daniel Scioli tuvo 17 días de paro en el año 2015 con los mismos gremios con los que hoy debe lidiar Vidal. Esta simple constatación refuta los pobres argumentos con los que se quiere “deslegitimar” la protesta docente.

La imputación de “desestabilización” debería asignarse al ministro de educación y deportes Esteban Bullrich verdadero responsable de la deflagración del conflicto. La significativa defección del ministro nacional dejó como exclusivos protagonistas del conflicto al presidente de la nación y a la gobernadora de la provincia más rica de la Argentina. Cada día de paro, o cualquier complejidad adicional que surja en los próximos días, someterá a ambos mandatarios a un prematuro desgaste de figuras por un conflicto gremial que se podría haber encauzado tranquilamente en un año donde se van a plebiscitar ambas gestiones.

Un párrafo aparte merecen la locuacidad, y a esta altura el desenfado, con que los comunicadores sociales del dispositivo de linchamiento audiovisual abordan cada situación conflictiva. La apología de la violencia que se hace tanto para los conflictos gremiales como para cualquier manifestación que no coincidan con los patrones ultraneoliberales que promueven, coloca a la sociedad ante un clima cada vez más hostil e irascible. La notable incapacidad para defender con lucidez y argumentos, que vayan más allá del pobre sentido común de esos comunicadores, los evidentes datos que surgen del descalabro en el que se hunde el gobierno de la Alianza Cambiemos, construye un universo simbólico dominado solo por la irreflexiva indignación, la ira o el odio.
La sociedad argentina está empezando a reaccionar. El visible malhumor social irá creciendo y ninguna operación de prensa o puesta en escena puede transformar el sentido de la realidad que hoy angustia a cada ciudadano. El sensible desmejoramiento de todos los indicadores sociales y económicos, no son maniobras desestabilizadoras, sino el producto de todas y cada una de las medidas que este gobierno tomó. La irresponsabilidad, la indolencia, la insensibilidad, la ineptitud o el dolo eventual con que se han tomado cada una de las iniciativas económicas y sociales son los verdaderos motores de la conflictividad social. El cada vez más evidente clima de hostilidad social no debe atribuirse a “oscuros intereses” o “maniobras desestabilizadoras”, sino a cada uno de los miembros de un gobierno que no parece advertir que esta sociedad ya caminó por el desierto neoliberal y no está dispuesta a volver a ese infierno.

Atilio López

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