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Independientemente de los resultados que tenga el conflicto entre el gobierno PRO y los trabajadores, sobre todo docentes, en el endurecimiento de sus posiciones algo quedó claro y es la fractura en el universo simbólico del macrismo frente a la sociedad argentina.

Las pulcras y glamorosas puestas en escenas de personajes prístinos e impolutos dispuestos al diálogo, por parte de la administración PRO, cedieron el paso a voces destempladas, expresiones crispadas y actos de indisimulable autoritarismo. Nada de esto hubiera sucedido sin la concurrencia de la sobrenatural incompetencia oficial para resolver conflictos sumado al desprecio explicito por toda forma de organización popular que desafíe las intenciones del Ceokommando gubernamental y el creciente carácter contencioso de un nuevo ciclo de acción colectiva popular. La deflagración de ese escenario ha inaugurado una nueva y no menos peligrosa etapa de confrontación entre el gobierno y el amplio frente de protesta que abarca numerosos sectores agredidos por las políticas oficiales.

La eruptiva iniciación de una nueva era de movilizaciones y de acción colectiva desplegada en las últimas semanas, ha provocado una notable inflexión en el escenario político, tanto por las declaraciones del presidente de la nación como la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, al anunciar el endurecimiento con las protestas. En semanas anteriores en una nota de esta misma revista alertábamos sobre algunos notables rasgos coincidentes entre las administraciones del actual presidente y la de Arturo Frondizi (Ver nota: La sombra de Frondizi) que podían, en términos muy generales y haciendo uso de una generosa licencia, compararse. En ese texto señalábamos la apostasía electoral como acto fundacional de los gobiernos de Frondizi y Macri. Uno defraudando al electorado desconociendo el pacto que permitía a cambio de los votos levantar la proscripción sobre el peronismo, el otro abjurando de todas y cada una de las promesas hechas en la campaña electoral de 2015. La segunda coincidencia que advertíamos como probable era el endurecimiento frente a la protesta social. En el caso de Frondizi con la aplicación del Plan de Conmoción interna del Estado (CONINTES) que llegó al encarcelamiento de trabajadores en huelga, intervención de sindicatos y el empleo de las Fuerzas Armadas para reemplazar a los huelguistas.

El malogrado intento de la gobernadora María Eugenia Vidal de reemplazar a docentes en huelga por “voluntarios” es una muy devaluada figura para compararla con el plan CONINTES pero no deja de ser un notable reflejo autoritario al desconocer el derecho a huelga e intentar colocar a la educación bajo una jurisdicción diferente a la que corresponde. Las amenazas a gremialistas y docentes, junto a la solicitud hecha al Ministerio de Trabajo para que evalúe si corresponde el retiro dela personería gremial a los gremios docentes, van en el mismo sendero de disciplinamiento social tomando a la protesta social como una grave manifestación de anomalía que debe ser exorcizada.

Si el conflicto docente tal como se presentó es un caso testigo o de laboratorio de disciplinamiento social, no es descabellado suponer que todo el peso del Estado estará puesto en descabezar el conflicto, dar una muestra efectiva de castigo e intentar doblegar la resistencia social al ajuste laboral dando inicio a una nueva etapa política de reafirmación de la autoridad política por la vía expiatoria.

El evidente malestar social y sus diversas manifestaciones de resistencias preocupan a los sectores concentrados de la economía que comienzan a desconfiar de las capacidades gubernamentales para llevar a cabo todas y cada una de las medidas necesarias para desarticular cualquier posibilidad de un regreso populista. Es la inacción y la ausencia de respuestas del gobierno para controlar las situaciones conflictivas lo que preocupa. La interna desatada por la crisis de autoridad lleva a que el gobierno sobreactúe para dar muestras de disposición para disciplinar y generar así la imagen de un gobierno fuerte frente a las demandas populares.

En todos los casos, la actual administración se encuentra en la encrucijada de ceder a las demandas sociales y gremiales, en cuyo caso deberá afrontar una avalancha de conflictos tanto o más complejos que los docentes, o avanzar en una línea de creciente endurecimiento, con resultados inciertos y con la casi certeza de que será un camino plagado de complejidades y sin retorno. Es pertinente recordar el caso del maestro y militante político Carlos Fuente Alba asesinado por la defensa del salario docente. Ese crimen brutal volatilizó la carrera política del entonces gobernador de Neuquén Jorge Sobisch, que aspiraba a liderar a la derecha dura argentina, y extendió el conflicto cincuenta días más para terminar acordando aquello que se debía resolver desde un inicio si hubiera primado los atributos de la inteligencia y no la soberbia o la fuerza criminal.

Es difícil predecir el rumbo de la conflictividad social. Lo que sí es una certeza es el cambio del universo simbólico PRO regido por la monótona armonía zen por una también sobreactuada representación beligerante que pretende barrer cualquier oposición social, sindical y política por la fuerza. En ese sentido asistimos a un importante cambio de escenario signado por el desencanto, la incertidumbre y la furia de una sociedad que constata el nivel de agresión hacia todo que pueda ser inclusivo. Solo el espíritu de revanchismo u odio de clase pueden justificar semejantes niveles de intolerancia o insensibilidad. Sobre esa inflexión estamos. La próxima marcha federal docente pondrá nuevamente a prueba los reflejos y la musculatura política PRO para neutralizar los efectos de una movilización que se anticipa masiva. La Argentina recupera nuevamente en las calles y en las plazas el universo de la representación social desbordando los tradicionales límites que la democracia formal exige. El tamaño de la marcha y su apoyo determinará la fortaleza del gremialismo para continuar la pulseada con una administración que oscila entre el despotismo absolutista del Estado de excepción a la jujeña o en una retirada táctica política que le permita evitar una derrota catastrófica en octubre. En todos los casos el daño auto infligido por el incumplimiento de la ley tendrá costos elevadísimos para un gobierno que no tiene mayoría parlamentaria, no posee organizaciones masivas que disputen la calle y que tampoco cuenta con un solo indicador económico o social positivo a su favor.

La conflictividad social también permite elevar la calidad de la democracia. En un gesto sin precedentes frente al destituyente lockout de las patronales agrarias del año 2008, la entonces presidenta de la nación Cristina Fernández de Kirchner envió al Congreso Nacional el proyecto de ley para establecer el nivel de tributación de los productores. El proyecto fue derrotado por el voto del vicepresidente de la nación, sin embargo se respetó la decisión del Congreso Nacional. Para un gobierno, como el actual, que se postula como amantes del diálogo político debería tomar nota de estas importantes lecciones que da la historia y ensayar algo más que pobres representaciones de ficciones de mala calidad.

Atilio López

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