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SANTIAGO MALDONADO: LA DESAPARICIÓN FORZOSA COMO TECNOLOGÍA DEL MIEDO EN LAS FUERZAS MILITARES Y DE SEGURIDAD ARGENTINAS.

La desaparición forzada de Santiago Maldonado en el marco de la represión de la Gendarmería Nacional Argentina sobre el sector de la Estancia Leleque de la Compañía de Tierras Sud Argentino SA, ocupado por el Pu Lof en Resistencia del Departamento Cushamen en la Provincia del Chubut el 1 de agosto pasado, ha colocado a la sociedad argentina en el difícil trance de asumir la desaparición de una persona por las fuerzas de seguridad como el regreso traumático a prácticas criminales que se suponían erradicadas de las fuerzas de seguridad en democracia.

La asombrosa persistencia de esta clase de hechos debería llamarnos a una aguda reflexión sobre la “excepcionalidad” de estos comportamientos en la sociedad argentina. Aún más asombroso es el llamativo silencio del gobierno responsable de la seguridad de los ciudadanos frente a la gravedad de la situación.

Si solo tomáramos las seis últimas décadas de la desaparición forzosa de ciudadanos debe registrarse el secuestro y desaparición de Felipe Vallese como el antecedente directo del Terrorismo de Estado de 1976. El criminal bombardeo de Plaza de Mayo en 1955, los fusilamientos de 1956 y la desaparición de Felipe Vallese dan cuenta de la incorporación de nuevas formas de amedrentamiento social. Estas novedosas tecnologías del miedo incorporaron víctimas que el tiempo fue sepultando y olvidando. El Terrorismo de Estado como tecnología masiva de represión alcanzó dimensiones inimaginables y formas institucionales que aún no han sido desmanteladas y que aguardan las condiciones para emerger en cualquier momento.

A la desaparición de Vallese dirigente histórico de la Juventud Peronista y obrero metalúrgico el 23 de agosto de 1962 le siguieron las desapariciones de los militantes Marcelo Verd, Sara Palacio, Juan Pablo Maestre, Mirta Misetich, Néstor Centeno y Luis Pujals[1]. La Comisión sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) contabiliza desde 1972 la desaparición de Ángel Enrique Brandazza. Recuperada la democracia y en el marco del Ataque al Regimiento de La Tablada, permanecen desaparecidos cuatro de los atacantes que se habían rendido: Francisco Provenzano, Iván Ruiz, Carlos Samojedny  y José Díaz. Por este hecho fueron acusados el General Alfredo Manuel Arrillaga y el Mayor Jorge Eduardo Varando, según consta en la causa, por tormentos, ejecuciones extrajudiciales y desaparición de personas.

La larga serie de desapariciones incluye a Miguel Bru, Luciano Arruga (encontrado como NN en el cementerio de La Chacarita) y Julio López desaparecido en la dictadura y nuevamente desaparecido luego de obtener la condena de Miguel Etchecolatz con su testimonio. La espantosa secuencia de desapariciones demuestra algo ya largamente conocido que es la ausencia de excepcionalidad en el comportamiento de las fuerzas militares y de seguridad respecto a la eliminación de ciudadanos y la desaparición de sus cuerpos.

Lo que habían logrado la derogación de las leyes de punto final y obediencia debida respecto de la imprescriptibilidad de hechos aberrantes cometidos por el Estado nacional llevando a juicio oral y público a torturadores y asesinos, tuvo la inocultable virtud de llevar justicia a las víctimas y reparar mediante la ley a una sociedad hundida en la etapa más vergonzosa de su historia. Esa verdadera refundación ética que hizo posible la sociedad argentina sin la mancha de vivir en un país donde genocidas, asesinos, torturadores, ladrones y apropiadores de niños podía exhibir su impunidad en libertad es la que hoy aparece amenazada. La gesta de los organismos de Derechos Humanos que lograron que esa deleznable porción de la sociedad, responsable de crímenes horribles fuera a la cárcel para que esa trágica etapa de la historia argentina no se repita, aparece hoy bajo la amenaza de un gobierno que hasta hace pocos meses quiso sacar a los detenidos por crímenes de lesa humanidad por la ventana.

En el marco de esa continuidad lógica debe interpretarse la desaparición de Santiago Maldonado. Luego de que una multitudinaria movilización frenara la aplicación de la beneficiosa clausula que permite a detenidos por causas comunes computar cada año de detención como si fuera doble y que hubiera dejado a la mayoría de los responsables de crímenes aberrantes en libertad[2], el mismo gobierno intenta relativizar la desaparición y eximir de responsabilidades a la Gendarmería que aparece involucrada en la represión a la comunidad mapuche.

Es la persistencia de este rasgo criminal institucionalizado en las fuerzas de seguridad y militares es el que intentamos dilucidar. Algo que apareció como producto de condiciones históricas en su excepcionalidad definitivamente no lo es. La desaparición forzada de personas es una tecnología de poder, un dispositivo de introyección de miedo y, como señala Daniel Feierstein[3], un poderoso reorganizador social. La reconstrucción de relaciones sociales requiere de la construcción de una “otredad negativa” a la que se pueda hostigar, aislar, debilitar y finalmente aniquilar.

El 24 de marzo de este año apareció extrañamente algo así como “relatos alternativos” a la tragedia del año 1976. Un evidente intento por relativizar las consecuencias del Estado Terrorista pregonado por fascistas confesos y otros que se ocultaron y percibieron las condiciones de posibilidad para el despliegue de la construcción simbólica que ya habían intentado impulsar los militares genocidas. Las consecuencias de esa “restauración simbólica del Terrorismo de Estado” están a la vista.

El preocupante regreso de lo que Zygmunt Bauman “Adiaforización” como la indiferencia hacia el otro que produce su extrañeza, en una actitud que tiende a conjugarse con la de negativización del Otro, precede a la ejecución criminal. No se asesina “lo propio” sino lo extraño o lo ajeno. Este proceso es el que ha permitido el nuevo gobierno. Una nueva ajenización de lo distinto, la negativización de lo que no es computado como propio. La suicida indiferencia de algunos sectores de la sociedad habla a las claras de la complicidad con el Terrorismo de Estado. El peligroso retroceso hacia la violencia criminal del Estado o hacia formas paralegales tiene un largo historial en nuestro país y es exclusiva responsabilidad de quienes están al frente de la nueva administración. Revertir estas condiciones es responsabilidad de la sociedad toda. Volver hacia la responsabilidad que tenemos hacia “el radicalmente Otro” como sostenía Emmanuel Levinas no es una opción sino la única alternativa para abandonar la miserable condición a la que pretende arrastrarnos el autócrata gobierno de “Cambiemos”.

 

Equipo Cabecitas

 

Referencias

[1] http://www.infonews.com/nota/77826/ni-un-solo-dia-de-gobierno-peronista-con

[2] https://cabecitas.org/2017/05/04/2×1/#more-1719

[3] Feierstein, D. El genocidio como práctica social. Entre el nazismo y la experiencia argentina. Fondo de Cultura Económica.

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