MEMORIA1

Cada 24 de marzo nuestra sociedad retrocede su reloj para volver a recordar aquello que nunca debía haber ocurrido, y es probable que en el futuro esta fecha provoque tanto horror como conmoción en gran parte de la sociedad actual. Una parte de ella, cómplice, se refugiará en su odio irreductible para justificar la barbarie y repetir las espantosas explicaciones cobardes de los admiradores del genocidio. Muchas de las aberrantes acciones fueron juzgadas y sus ejecutores condenados. En ese largo camino nunca hubo una sola acción que violara las garantías constitucionales de los acusados. No hubo justicia por mano propia. Es lo que constituye la ética de la vida, ser tan profundamente humano como para sobreponerse a la respuesta pasional y garantizar aun a los que fueron encontrados culpables de delitos aberrantes, a gozar de los derechos que privaron a 30.000 hombres y mujeres.  Ese acto es el fundacional de una nueva sociedad, de un nuevo compromiso o pacto entre individuos: el respeto por la vida de todos y de cada una de las personas que habitan esta nación.

Cada año esa lucha por la dignidad de las personas acrecienta el abismo entre aquellos que consagran la vida y su dignidad como inalienables y aquellos que entienden que el límite solo está en la propiedad. La reactualización de esta disputa ha dejado nuevamente al gobierno nacional en una posición miserable e indigna. La ejecución sumaria de ciudadanos o ciudadanas por parte de las fuerzas de seguridad nunca debería ser una política de Estado en una sociedad como la nuestra que ya padeció esa vergüenza. La Coordinadora contra la represión policial e institucional  (CORREPI) denunció en diciembre de 2017 que en dos años de gobierno de la Alianza Cambiemos murieron por violencia institucional o gatillo fácil 725 personas, es decir que cada 24 horas una persona muere por violencia institucional[1]. La escalada represiva también es denunciada por Amnistía Internacional[2] que en un durísimo informe señala la preocupación por detenciones arbitrarias de ciudadanos, la represión de manifestaciones, el ataque sistemático a pueblos originarios, el notable estado de inoperancia en que se encuentran las instituciones responsables de ofrecer ayuda a mujeres víctimas de violencia de género y el explícito apoyo dado a las fuerzas de seguridad por el presidente de la nación y su ministra de Seguridad[3] para la utilización de fuerza letal sin que medien impedimentos legales o garantías constitucionales.

Sin dejar de mencionar la inclaudicable búsqueda de verdad y justicia Madres y Abuelas de Plaza de Mayo han dado testimonio de lucha durante todos estos años por una sociedad inclusiva, justa, igualitaria y con plena vigencia del derecho. Hoy la sociedad argentina afronta un nuevo desafío por las políticas de exclusión y ajuste que impulsa la actual administración. Desde nuestra revista hemos denunciado como genocidas a esas iniciativas que condenan a la miseria y el hambre a millones de compatriotas[4]. La ofensiva contra la sociedad argentina ha tomado a los trabajadores y sus sindicatos como el principal objetivo de su escalada. Como en 1976 el disciplinamiento social se ha concentrado en las organizaciones sociales, entre ellas los trabajadores. El evidente intento de ablación de derechos sociales por parte de la administración actual, el inusitado nivel de violencia desplegado y el desprecio exhibido ha logrado una extraña mutación social. Pocas veces un gobierno ha logrado volatilizar en tan poco tiempo la voluntad electoral ratificada hace solo cinco meses cuando la ciudadanía votó mayoritariamente por el rumbo de las políticas que implementaba. ¿Qué ocurrió? La Alianza gobernante entendió que esa voluntad electoral habilitaba las políticas más regresivas posibles. La reforma previsional se cobró la primera víctima: el sector pasivo. La puesta en acto de la ministra de Seguridad hizo el resto.  Reprimió a trabajadores y jubilados con un operativo de seguridad que asombró tanto por la magnitud como por su brutalidad e incompetencia. El enfrentamiento fue tan salvaje que si algún observador externo estaba decidiendo donde invertir su dinero la ministra de seguridad lo convenció de hacerlo en otro lugar.

Nunca fue tan evidente el desprecio por la vida de las personas como el tratamiento dado a la desaparición del submarino ARA San Juan. Que la mayor tragedia militar en tiempo de paz no haya tenido la más mínima preocupación por parte del gabinete, excepto reuniones protocolares, y se limite solamente a ofrecer una recompensa a quien encuentre a la unidad y sus tripulantes, no deja de ser una prueba más que fehaciente de la sobrenatural incapacidad para afrontar hechos como el descripto cuando se debe dar explicaciones que vayan más allá del empobrecedor discurso que confeccionan los asesores de marketing gubernamental.

Esta increíble cadena de acontecimientos no ha hecho más que agudizar el panorama político de nuestro país que asiste impávido al cierre de escuelas, hospitales, centros de investigación, en medio de escandalosos descubrimientos de cuentas off-shore de funcionarios gubernamentales, incluido el propio presidente de la nación, que luchan por encumbrarse en el ranking de evasión mundial. Atrás han quedado los tiempos de investigación de bóvedas repletas de millones de dólares, de excavadoras buscando tesoros escondidos. Hoy la dura realidad le devuelve al gobierno la publicidad de cuentas no declaradas en el exterior por parte de periódicos que los denuncian por evasores[5].

En este marco de enorme movilización nunca dejará de ser referencia la lucha de los organismos de DD.HH. Abuelas y Madres han trazado nuestro horizonte a donde no queremos ni vamos a volver. Como un poderoso ariete esas sencillas y enormes mujeres le muestran a la sociedad argentina cual es el universo ético que debemos habitar. Este 24 de marzo estuvimos con ellas como siempre en estos años: por trabajo, por educación, por salud, por democracia, por la plena vigencia del Estado de Derecho, por la libertad de los presos políticos, por cárcel efectiva para los genocidas, por más memoria, verdad y justicia.

Atilio López

 

Referencias

[1] http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/12/24/argentina-informe-anual-de-correpi-el-estado-asesina-a-una-persona-por-di/

[2] https://www.amnesty.org/es/countries/americas/argentina/report-argentina/

[3] https://es.scribd.com/document/371658498/El-fallo-que-complica-al-policia-Luis-Chocobar#fullscreen&from_embed

[4] https://cabecitas.org/2017/12/14/politicas-genocidas/

[5] http://www.perfil.com/politica/dujovne-no-da-informacion-sobre-su-empresa-extranjera-por-seguridad.phtml

Anuncios