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La movilización y lucha popular siempre han tenido como respuesta sistémica la muerte como forma de disciplinamiento por parte de las fuerzas de seguridad o armadas. Una larga secuencia de asesinatos provocados por los agentes de esas instituciones repite el mismo patrón de violencia. Al asesinato sigue una larga serie de tergiversaciones y justificaciones que solo la tenaz lucha de los pueblos permite que se conozca la verdad.

El primer aniversario de la muerte de Santiago Maldonado nos encuentra con la misma matriz de ocultamiento y como parte de una lógica represiva más amplia que pretende sumar a las Fuerzas Armadas a su seguro fracaso. La larga secuencia histórica de muertes forma parte de la dolorosa historia argentina.

¿Cómo se genera y repite esta matriz criminal al interior de las fuerzas armadas y de seguridad? ¿Qué clase de entrenamiento hace que invariablemente las fuerzas de seguridad tengan trayectorias que las cubren de infamia? ¿Hasta cuándo la matriz genocida del Terrorismo de Estado seguirá vigente en las instituciones armadas responsables de la seguridad y la defensa?

En los estertores de la dictadura genocida, el 16 de diciembre de 1982 en la llamada  “Marcha por la Democracia y la Reconstrucción Nacional” fue asesinado el obrero metalúrgico y militante peronista Dalmiro Flores. Una patota de la Policía Federal a bordo de un Ford Falcon patente C-850.276[1] le disparó por la espalda. Según testimonios, uno de los policías se bajó del auto y gritó “¡pará hijo de puta o te mato…!” y disparó rodeado por una multitud para luego añadir “¡morite peronista hijo de mil puta!” La conmoción provocada por el asesinato contenía el mensaje de terror de la dictadura: se puede morir en cualquier parte, a cualquier hora. La historia por conocida no deja de conmover. El escalofriante relato de las víctimas de la dictadura en los Juicios a las Juntas Militares provocó que el asesinato público de Dalmiro Flores se integrara al resto de las prácticas genocidas.

La muerte del soldado Omar Carrasco en las instalaciones del Grupo de Artillería 16 de Zapala Neuquén conmovió a la sociedad argentina en el año 1994. La desaparición y muerte del soldado tuvo todas las características de una operación que debía ser encubierta. La brutal operación de ocultamiento deja en claro que a la muerte debe seguir el ocultamiento, la confusión, la tergiversación como técnicas para desalentar y desviar las investigaciones que llevan hacia los culpables. Es evidente que a veces el castigo recae sobre los responsables pero casi nunca se pregunta ¿cómo es posible que instituciones destinadas a la defensa de la sociedad, invariablemente se convierta en verdugos de sus habitantes? Se podrán esgrimir numerosos argumentos pero algo es claro: también es la sociedad responsable por el tipo de instituciones que crea y sostiene o avala en sus comportamientos deleznables.

En el año 1997 en el marco de la aguda crisis económica trabajadores de Neuquén y Río Negro cortaban, junto a docentes y estatales la ruta nacional N° 22. La represión de Gendarmería desaloja con postas de goma y gases a los docentes que cortaban el puente interprovincial. Como respuesta a la represión los sindicatos llaman en abril a una amplia jornada de lucha y piquetes en toda la provincia. La jornada se transforma en una pueblada y las ciudades de Plaza Huincul y Cutral-Co afectadas por miles de despidos reciben todo el peso de la represión. Una bala 9 mm alcanzó a Teresa Rodríguez cuando regresaba de su trabajo. Solo cuatro policías participantes son juzgados a penas menores y ni siquiera fueron separados de su fuerza.

El 10 de noviembre del año 2000 en Salta era asesinado por la policía provincial Aníbal Verón de un disparo en la cara cuando reclamaba por su salario y cortaba la ruta nacional 34. Entre el 19 y 20 de diciembre del año 2001, en plena volatilización del gobierno de la primera Alianza, la represión se cobró la vida de 38 personas en todo el país. La mayoría de los asesinatos fueron perpetrados por fuerzas de seguridad pública o privada[2].

El 26 de junio del año 2002 en la conocida Masacre de Avellaneda son asesinados los militantes del Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) Maximiliano Kosteki y Darío Santillán.

En el año 2007, en la misma provincia en que fue asesinada Teresa Rodríguez por motivos similares, el docente Carlos Fuentealba fue asesinado por el impacto de una granada de gases lacrimógenos que fue disparada directamente a su cabeza.

Esta espantosa secuencia de muertes ha servido para colocar en contexto y perspectiva histórica el comportamiento de las fuerzas de seguridad que con un claro patrón represivo dispara a trabajadores desocupados o manifestantes en situación de protesta.

Queda en evidencia que es la acción colectiva la que desata la represión para la que son entrenados los miembros de las fuerzas de seguridad. Las fronteras ideológicas del Terrorismo de Estado han dado lugar a las fronteras sociales que el neoliberalismo consolidó. Las fuerzas de seguridad utilizan todo su poder para custodiar esas fronteras. Alimentan toda esa fuerza el universo simbólico construido en forma social para la construcción de estereotipos estigmatizantes. La pobreza para el neoliberalismo no es el producto de la concentración de la riqueza y la eliminación del trabajo como derecho de la población, sino una amenaza delictiva. Los pobres, los extranjeros, los desocupados, los jóvenes y los pueblos originarios pasan a ser los nuevos sujetos que, para esta lógica, amenazan a la sociedad argentina.

Desde que el 10 de diciembre del año 2015 se hizo cargo la nueva administración de la Alianza Cambiemos la tasa de homicidios se ha elevado en forma exponencial demostrando que las directivas de intervenir violentamente por parte de las fuerzas de seguridad federales, provinciales y municipales han recibido un claro aval a las violentas prácticas que habían sido suspendidas en el período 2003-2015 al prohibirse a las fuerzas federales de seguridad la intervención con armas letales. Según la Correpi a nivel nacional en el año 2016 se registró un violento aumento de personas muertas por agencias de seguridad. En el año 2015 se registraron 300 casos y en el 2016 441 personas murieron en manos de fuerzas de seguridad legales o paralegales registrando un aumento del 147%. Esas cifras caen abruptamente a 258 en el año 2017 y no se tienen datos del año en curso.

La muerte de Santiago Maldonado ocurrió en el marco de la intervención de fuerzas de seguridad de Gendarmería, monitoreado por importantes funcionarios del gobierno nacional, frente a una clara situación de protesta social por parte de la comunidad mapuche del Departamento Cushamen en la provincia del Chubut. La ausencia de informes concluyentes sobre las circunstancias de la muerte de Santiago, luego de que su cuerpo desapareciera durante dos meses y medio, agiganta las sospechas sobre las reales causas de su muerte y las responsabilidades derivadas de la violenta represión.

El posterior asesinato de Rafael Nahuel en noviembre del 2017 por parte de efectivos de la Prefectura Nacional que utilizó munición de guerra para atacar a los pobladores de la comunidad Lafken Winkul Mapu que en situación de protesta ocupaban terrenos del Lago Mascardi, confirmó la plena vigencia la criminalización de la protesta como política de Estado. Aquí no hubo dudas, el Grupo Albatros utilizó armas de guerra para atacar a un grupo de pobladores desarmados, asesinando por la espalda a Rafael Nahuel e hiriendo a otros mapuches y deteniendo incluso a niños.

La desaparición de Santiago Maldonado el 1° de agosto, el descubrimiento de su cuerpo el 17 de octubre río arriba y el posterior reconocimiento no han hecho más que reforzar todas las dudas y sospechas[3]. Pese a que se practicaron los estudios de rigor persisten las dudas sobre las conclusiones que buscan eximir a las fuerzas de seguridad y gobiernos respectivos. A un año de este luctuoso suceso nada ha sido esclarecido y por ahora nada nos permite pensar que se vaya a invertir esta tendencia.

El endurecimiento de las condiciones económicas y sociales para la enorme mayoría de la población no hace más que poner en evidencia la necesidad de contener la protesta por parte de un gobierno que solo busca transferir la soberanía popular al mercado como organizador social. La búsqueda de Justicia que permita esclarecer estos hechos y evitar que se repitan en el futuro, está estrechamente ligada a la idea de un nuevo modelo institucional para las fuerzas de seguridad y de defensa. Es evidente que nada de esto se logrará hasta que se modifique la ecuación de poder. Instituciones de seguridad formadas no como fuerzas militares sino como parte de una sociedad inclusiva y proactiva en la ampliación de derechos son tal vez el amargo desenlace de situaciones tan trágicas y dolorosas como el asesinato en democracia de ciudadanos por parte de fuerzas entrenadas para la aniquilación y el exterminio.

La institución de este modo de sociedad ha requerido de fuerzas brutales y profundamente desarraigadas como las fuerzas económicas que intentan convertir la nación en un desierto. A ese imperativo neocolonial habrá que anteponerle un nuevo horizonte cargado de vida y futuro, lleno de derechos y garantías. No como lo desean los que vinieron a “cambiar futuro por pasado”. A ellos solo les quedará la vergüenza, el ostracismo y las figuras de tantos jóvenes generosos como Santiago que los perseguirá como una sombra eterna.

Atilio López

 

 

Referencias

[1] http://www.robertobaschetti.com/biografia/f/112.html

[2] http://www.agenciapacourondo.com.ar/ddhh/quienes-fueron-los-muertos-de-la-represion-del-19-y-20-de-diciembre-de-2001

[3] http://www.santiagomaldonado.com/cronologia/

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